Un grupo de familiares y amigos de los dos menores que aparecieron muertos en el Ecoparque de Toledo en diciembre de 2022 se han concentrado este jueves ante los juzgados toledanos, para pedir que no se cierre el caso, ya que entienden que su muerte no fue accidental sino que fue un asesinado.
En la concentración, que había sido convocada por Sociedad Gitana Española, los asistentes han expresado su protesta por el sobreseimiento provisional del caso dictado por el juzgado de Instrucción número 3 de Toledo, tras una pancarta en la que figuraba el lema «Esta administración respeta más a los animales que a los seres humanos», mientras coreaban consignas como «Queremos justicia» o «Basta ya».
El presidente de Sociedad Gitana Española, Sinaí Jiménez, ha justificado el acto de protesta por la situación «angustiosa» que están viviendo los padres de los dos menores, cuyos restos mortales fueron encontrados en el vertedero de Toledo entre los últimos días de 2022 y los primeros de 2023, después de que el 22 de diciembre desaparecieran de Madrid, desde donde viajaron supuestamente a Toledo.
Jiménez ha hecho hincapié en la angustia de los padres, que no saben «quienes fueron los que supuestamente asesinaron a sus hijtos», y ha cuestionado el sobreseimiento provisional y el archivo del caso por parte del titular del juzgado número 3 de Toledo, tras considerar que la muerte de los menores fue accidental.
En su resolución, el juez señaló que las investigaciones policiales concluyeron que la muerte de los menores se produjo de forma accidental, porque se habrían resguardado en un contenedor de basura en la zona de la Avenida de la Reconquista, a la hora en la que se lleva a cabo la recogida de residuos, por lo que pudieron haber quedado hacinados en el interior del camión, lo que produjo su fallecimiento y su posterior aparición en el vertedero Ecoparque.
Proceso «justo» y con garantías
Según el presidente de Sociedad Gitana Española, «no ha habido un proceso justo con todas las garantías, como sí ocurre en el noventa y nueve de todos los casos en España».
Ha aseverado que no ha habido un proceso «donde se practiquen todas las pruebas y se escuche a todos los testigos, que tienen datos e información», como ha ocurrido en este caso, en el que tampoco se han practicado todas las pruebas que ha solicitado el abogado de la familia de Ángel y Fernando, los menores fallecidos, ha mantenido Jiménez.
«Es sorprendente que haya gente inocente en las cárceles solamente por sospechas y que aquí no se escuche a los testigos presenciales del edificio de Toledo de Santa Bárbara», donde la familia de los fallecidos considera que fueron asesinados, ha apuntado el presidente de Sociedad Gitana Española.
El juez no ha escuchado a esos testigos, ha aseverado Jiménez, que ha opinado que si fueran escuchados y se practicaran las pruebas que se han solicitado por la familia, además de otras que según Jiménez, tendría que haber solicitado de oficio el ministerio fiscal, están seguros de que el caso ya se hubiese resuelto.
En este sentido, ha afirmado: «Estamos en contra de que este caso se cierre sin practicar las pruebas necesarias y pertinentes que la familia a solicitado a través de su letrado, porque si escuchan a esos testigos presenciales y ven esos medios de prueba que existen dentro de la causa, seguramente iba a haber detenidos y no uno sino varios, tanto hombres como mujeres».
Edificio okupa de Santa Bárbara
Jiménez ha apuntado que la familia entiende que la clave del caso está en el edificio de okupa del barrio de Santa Bárbara al que se dirigieron los menores cuando llegaron a Toledo, en el que estaban sus exnovias, como han mantenido testigos que no han sido tenidos en cuenta, y en el que estaban los autores «materiales e intelectuales» de su muerte.
En ese edificio está la clave de su muerte violenta, que no se produjo en el interior de un contenedor, que «sólo es una suposición» ha señalado Jiménez, quien ha defendido que hubiera sido conveniente «detener a todos» los que estaban en el inmueble, porque seguro «que alguno habría dicho toda la verdad».
El presidente de Sociedad Gitana Española ha insistido: «Lo de que no podemos es permitir que esto se cierre en falso sin practicar las pruebas como se practican en el noventa y nueve por ciento de los procesos judiciales en España», y ha añadido que la familia simplemente pide «que los procesos judiciales sean iguales para todos», con independencia de factores como su color de piel o su economía.
