El Defensor del Pueblo ha presentado este viernes un el ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos’ en el que se sitúan varias localizaciones en Castilla-La Mancha.
ALBACETE
Así, según la información extraída de dicho informe por INFOCLM, el Defensor del Pueblo señala 4 ubicaciones como lugares dónde se llevaron a cabo abusos sexuales en Albacete
El colegio de Escolapios es uno de ellos, y este emplazamiento figura como comunicado tanto en la Unidad de Atención a las Víctimas del propio Defensor del Pueblo, como en los archivos aportados por la Iglesia Católica, como en información remitida por el diario El País.
Otros tres lugares son citados por El Defensor del Pueblo, Una parroquia en Tobarra, el Seminario de Albacete y un autobús que cubría el trayecto Hellín- Madrid para visitar la Catedral de La Almudena.
TOLEDO
En la provincia de Toledo el Defensor del Pueblo sitúa 9 lugares; Colegio Marista Santa María (Toledo), Colegio Marista Santa María del Prado, Talavera de la Reina
(Toledo), Instituto Blas Piñar (Toledo), Instituto San Isidro Talavera de la Reina (Toledo), Parroquia Consuegra (Toledo), Parroquia de San Ildefonso Talavera de la Reina (Toledo), Seminario Mayor San Ildefonso Toledo, Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva Toledo.
CIUDAD REAL
En la provincia de Ciudad Real el Defensor del Pueblo establece 5 ubicaciones; Casa parroquial Herencia (Ciudad Real), Colegio Marianista Ciudad Real ,Colegio Salesiano Puertollano (Ciudad Real), Escuela Hogar/Colegio Salesiano Santo Tomás de Villanueva Ciudad Real, Seminario Diocesano Ciudad Real.
CUENCA
En la provincia de Cuenca son 7 las localizaciones detalladas por El Defensor del Pueblo en su informe;
Un domicilio particular de Cuenca, Monasterio de Tejeda Garaballa (Cuenca), Parroquia Cañada del Hoyo (Cuenca), Parroquia Casas de Benítez (Cuenca), Parroquia Mota del Cuervo (Cuenca), Parroquia Santa María de los Llanos (Cuenca), Seminario Uclés (Cuenca).
GUADALAJARA
En cuanto a la provincia de Guadalajara, El Defensor del Pueblo en su informe nombra solo un lugar, Colegio Marista Champagnat Guadalajara.
En este documento hecho público por El Defensor del Pueblo se recoge la localización de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que fueron comunicados al Defensor del Pueblo durante el periodo de recogida de información y elaboración del informe, es decir, entre el 1 de julio de 2022 y el 9 de octubre de 2023.
El listado incluye todos los casos reportados, sin descartar ninguna alegación, siendo indiferente si estaban comunicados o no a la justicia civil o canónica, o si estaban prescritos, archivados o resueltos.
El Defensor del Pueblo aclara que en el listado se muestra el centro donde se estableció formalmente la relación víctima-agresor. Por ejemplo, figura el centro educativo cuando es el entorno escolar donde coinciden formalmente víctimas y agresores (alumnado y personal del colegio), aunque el hecho abusivo se produjera durante una excursión, convivencia o campamento organizado por el colegio o se produjera en un domicilio particular. De igual manera, se muestra la parroquia, cuando era el contexto que reunía a víctima y agresor, aunque los hechos se produjeran fuera del espacio parroquial (coche, viaje, domicilio). Solo en casos excepcionales se ha mantenido la localización que corresponde a un viaje o trayecto cuando víctima y agresor no se conocían previamente, y el abuso se produjo en dicho viaje.
Cada localización no implica necesariamente un solo agresor y una sola víctima. De hecho, hay centros educativos (colegios, seminarios) que incluyen casos de varios agresores y con varias víctimas en el mismo o diferente periodo de tiempo; parroquias con un agresor y numerosas víctimas, etc. De igual modo, aunque sea excepcional, un agresor puede haber generado distintas localizaciones al actuar en sitios diferentes con víctimas sucesivas.
UNAS 236.000 PERSONAS HAN SUFRIDO ABUSOS
En el conjunto nacional, y según los datos del informe, un 0,6% de la población española mayor de 18 años, es decir, unas 236.000 personas, ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso.
En total, un 1,13% de los encuestados asegura que la agresión se registró en el ámbito religioso, lo que elevaría la cifra a unas 445.000 personas, teniendo en cuenta que en España hay 39.415.017 personas de 18 y más años, según el último dato del INE disponible facilitado a Europa Press.
La encuesta demoscópica, encargada por el Defensor del Pueblo siguiendo el proceso de licitación de la Administración, contempla una muestra metodológica y numérica significativa de la población española (8.013 personas) a partir de datos anonimizados recogidos por la Unidad de Atención a las Víctimas de la institución.
Esta revela, entre otros datos, que el 11,7% de los entrevistados afirma haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años, es decir, 4,6 millones de personas, de ellos, un 3,36% en el ámbito familiar, es decir, 1,3 millones de personas. Por otro lado, un 72% de los encuestados considera que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4%, bastante grave; y la mayoría piensa que no se están tomando las medidas adecuadas frente al problema.
487 VÍCTIMAS ENTREVISTADAS
Además, el informe revela que un total de 487 víctimas, un 87% de ellas, hombres, han denunciado abusos sexuales en el seno de la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por el Defensor del Pueblo. Junto a testimonios directos, han tenido en cuenta otras fuentes provenientes de organismos oficiales, de la Iglesia y de la investigación del diario El País.
Asimismo, el Defensor del Pueblo ha mantenido reuniones con asociaciones de víctimas, más de 80 encuentros con el presidente y secretarios generales de la Conferencia Episcopal Española (CEE), con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) O con el decano del Tribunal de la Rota, entre otras.
A lo largo de sus 777 páginas, el Informe del Defensor, titulado ‘Una respuesta necesaria’, apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada «mucho tiempo» por la «negación», la «minimización» u «ocultación» del problema y denuncia que las víctimas han sufrido incluso «presiones» de representantes de la misma en las que se les «culpabilizaba».
No obstante, también reconoce «buenas prácticas» y «el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida».
Por otra parte, critica que los poderes públicos carecieron de «procedimientos adecuados» para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado y señala que hasta 2021 no se introdujeron mecanismos en todos los centros educativos públicos o privados. La mayoría de casos que se han denunciado, según precisa, pese a ser una pequeña parte del problema, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.
ACTO PÚBLICO DE RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN
El Informe propone una veintena de recomendaciones, entre ellas, celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020.
Igualmente, propone la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.
Además, sugiere que la Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares; y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran sus archivos.
En la rueda de prensa posterior a la entrega del informe, el Defensor del Pueblo ha pedido que este asunto no se convierta en un «trampantojo» para «enredarse» en «otros debates infecundos». Por ello, se ha dirigido «expresamente» al Congreso de los Diputados, al Gobierno y a la Iglesia para que asuman lo que significa y adopten las medidas a fin de dar una respuesta necesaria a ellas.
Gabilondo ha expresado que «es necesario dar respuesta a una situación de sufrimiento que durante años ha sido cubierta por un injusto silencio», y ha precisado que «no es cierto que todos lo sabían» pero «no es verdad que nadie lo sabía».
En cuanto al informe, Gabilondo ha aclarado que el objetivo no era «llegar a conocer una cantidad concreta y concluyente» y ha advertido de que «pretender hacer una estimación supondría pasar por alto» el «respeto absoluto a la voluntad de las víctimas» y el «silencio voluntario de muchas»; e «ignorar» a las que han desaparecido.
El estudio, según ha indicado el Defensor, revela el «impacto devastador» de los abusos y señala que en muchos casos la respuesta ha sido «insuficiente» y «dilatoria», predominando durante años determinadas conductas como el «traslado» de las personas abusadoras «de modo reiterado, no ocasional».
No obstante, ha puntualizado que este informe no pretende ser «una última palabra» o «un punto final» sino que «más bien aspira a contribuir a la toma de conciencia».
Por el momento, según ha indicado Gabilondo, no han entregado el informe a la Iglesia Católica pero ha precisado que el próximo lunes, la Conferencia Episcopal Española ha convocado una reunión extraordinaria para analizar el documento y que los obispos le invitaron a asistir para presentarlo. Si bien, ha explicado que no podrá acudir debido a un asunto familiar, aunque no descarta presentárselo en otro momento.
