Cataluña y la Comunidad Valenciana acapararían casi la mitad de la condonación de la deuda autonómica según los cálculos realizados por los Técnicos de Hacienda (Gestha), quienes afirman que entre todas las comunidades se cancelarían unos 58.000 millones de euros, de ellos 2.404 a Castilla-La Mancha.
Gestha precisa en un comunicado publicado este miércoles que las autonomías que se verían más beneficiadas serían Cataluña, que podría cancelar 14.647 millones de euros, la Comunidad Valenciana (14.093 millones), Andalucía (5.696 millones) y la Comunidad de Madrid (3.473 millones).
A estas comunidades las seguirían Castilla y León (2.612 millones), Castilla-La Mancha (2.404), Canarias (2.633), País Vasco (2.332), Baleares (2.110), Murcia (1.749), Galicia (1.721), Aragón (1.417), Navarra (819), Asturias (652), Extremadura (545), Cantabria (507) y La Rioja (358).
Según precisan los técnicos, han realizado sus cálculos teniendo en cuenta tanto a las comunidades adheridas al Fondo de Liquidez Autonómicos (FLA) como las que no (Madrid), y también las autonomías que no son de régimen común (Navarra y País Vasco).
Asimismo, añaden que la posible condonación de la deuda es un «simple ajuste interno» que no tendría efectos hacia el exterior de España, por lo que su nivel de endeudamiento público sería el mismo y los compromisos con la Unión Europea no se verían afectados.
«Las comunidades autónomas reducirían una parte del coste de intereses y alcanzarían mejor el objetivo de déficit y el Estado podría verse afectado en menor medida si necesita endeudarse para realizar las transferencias a determinadas comunidades para que cancelen una parte de las deudas con terceros, bien a las comunidades no acogidas al FLA o porque el importe de la cancelación asignada a algunas comunidades excede de la deuda con el FLA», recoge el comunicado.
Además, Gestha aboga por un gran pacto con las comunidades para acelerar la reforma del sistema de financiación autonómica y recuerdan que el actual modelo «ha caducado» y que está provocando importantes déficits de financiación, por lo que instan a todas las formaciones parlamentarias a que se esfuercen para que no se bloquee esta reforma «prioritaria».
