El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va a plantear en la Conferencia de Presidentes de este viernes un decálogo de medidas sobre vivienda que incluye dedicar el suelo público disponible a la construcción residencial e introducir «seguros nacionales de impago, desperfectos y defensa jurídica» para impulsar la oferta de alquiler.
Así lo han trasladado a EFE fuentes del Gobierno regional, que han indicado que García-Page apostará por «agilizar la normativa en materia de suelo»; poner el suelo libre de la administración «a disposición de promotores públicos y privados» para la construcción de «viviendas asequibles»; e «incorporar suelos privados a las políticas públicas de vivienda».
En esta línea, Castilla-La Mancha sugiere «sacar a concurso todos los suelos públicos para dar entrada a todo tipo de agentes de la edificación», y también pide invertir en formación profesional para «hacer frente a la falta de mano de obra» en la construcción.
Asimismo, García-Page abogará por «agilizar» tanto la aprobación de licencias como las ayudas que concede el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y a la vez «modificar la ley de suelo para dar mayor seguridad jurídica» y «habilitar nuevas vías de ayuda»
Para armonizar todo ello, Castilla-La Mancha propone suscribir un «pacto de estado» en el que participen los «grupos políticos y agentes implicados» y elaborar un «nuevo plan de vivienda» que contemple «ayudas directas a la contraventa» y al alquiler, así como a la rehabilitación de viviendas y de barrios.
La vivienda es uno de los cuatro temas que figuran en el orden del día de la Conferencia de Presidentes reunida este viernes en Santander, junto con la falta de personal sanitario, la inmigración y la financiación autonómica.
A este último respecto, las mismas fuentes han indicado a EFE que García-Page defenderá unos argumentos «idénticos» a los que expuso al presidente, Pedro Sánchez, en su reunión del pasado 4 de octubre en el Palacio de la Moncloa.
En ese encuentro, García-Page expresó su rechazo al acuerdo entre el PSC y ERC para una ‘financiación singular’ de Cataluña, exigió que la reforma de la financiación autonómica se negocie en un marco multilateral y planteó la necesidad de una ley de armonización fiscal.
