La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará este lunes y martes a un hombre acusado de un delito de abuso sexual a una mujer con una discapacidad del 65 por ciento, para el que la fiscalía pide nueve años de prisión.
Según el escrito del ministerio fiscal, el acusado, hasta el momento de los hechos, mantenía una buena relación de vecindad y familiar con la víctima al residir ambos en la misma localidad y estar emparentado con la familia política de la hermana de la mujer.
En el documento judicial se relata que, sobre las 19:30 horas del 10 de agosto de 2019, el procesado abordó a la víctima mientras esta se encontraba recogiendo moras en las afueras de la localidad y , “siendo conocedor de la clara situación de inferioridad en que se encontraba respecto de él, así como de su vulnerabilidad, que no le permitía detectar situaciones de riesgo, aprovechó para ganarse su confianza”.
Le ofreció llevarla hasta un sitio en el que, según él, había muchas moras y que se encontraba muy próximo al lugar donde estaban y, una vez allí, comenzó a ofrecérselas, colocándoselas en las manos hasta que, en un momento dado,” con ánimo de satisfacer sus impulsos libidinosos, introdujo su mano por debajo de los pantalones cortos que vestía, hasta llegar a tocar sus glúteos”.
A pesar de que la mujer manifestaba reiteradamente su negativa e intentaba apartarse del procesado, “éste no cesó de tocarle la zona de los glúteos consiguiendo, a pesar de la resistencia que oponía, introducir su dedo en el ano de la víctima hasta en dos ocasiones hasta que, finalmente, ésta pudo zafarse, subir a su bicicleta y marcharse a toda velocidad del lugar”.
La Fiscalía pide una pena de nueve años de cárcel para el acusado, así como la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros o a comunicarse con ella durante un periodo de tiempo superior en cinco años a la pena de prisión que resulte impuesta.
El fiscal también solicita la medida de libertad vigilada por un periodo de ocho años en los que se sometería a control judicial a través del cumplimiento por su parte de la obligación de participar en programas de educación sexual.
