La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha constituido este viernes el jurado popular que, a partir del próximo lunes, se encargará de juzgar a un agente de la Guardia Civil destinado en la localidad ciudadrealeña de Almadén, para el que la Fiscalía pide una pena de 15 años y seis meses de prisión por los delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental.
El guardia se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial junto a su cuñado y otros cuatro particulares más, que se enfrentan a penas de entre seis y dos años de prisión, por estar relacionados con los «favores» que les hacía el agente de la Benemérita a cambio de «pequeños regalos».
Los seis acusados que desde este viernes se sientan en el banquillo fueron detenidos en noviembre de 2021, en el marco de la operación ‘Cinabrio’, junto a otras once personas, seis de ellas guardias civiles del puesto de Almadén, aunque solo uno de ellos está acusado en un juicio que debería de haberse celebrado el pasado mes de mayo, pero fue suspendido tras no haberse alcanzado el mínimo de candidatos para elegir al jurado popular, que en esta ocasión está compuesto por nueve miembros y dos suplentes.
Según se ha dado cuenta este viernes, tras la lectura del escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el guardia civil acusado recibía regalos a cambio de favores relacionados con su puesto de trabajo.
Entre estos favores, se encuentra el acceso al Sistema SIGO (Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana) de la Guardia Civil para comprobar los datos de una matrícula de un vehículo. A cambio, el guardia fue invitado a una montería de jabalíes.
También se le acusa de hacer un pliego de descargo en una denuncia por conducción temeraria al conductor de un quad, además de haber accedido al Sistema SIGO para decirle al propietario de un establecimiento hostelero que el camarero que tenía pensado contratar carecía de antecedentes penales.
Favores por los que recibió un jamón y fue invitado a comer un «guarrillo», según las conversaciones telefónicas que el acusado tuvo y que habían sido interceptadas por agentes de asuntos internos de la Guardia Civil.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal pide para el guardia civil acusado una pena de seis años de prisión por un delito continuado de cohecho cinco años por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y cuatro años y seis meses más por un delito de falsedad documental.
La Fiscalía solicita también para el cuñado del guardia seis años y medio de prisión por un delito de cohecho y por otro de inducción al delito de descubrimiento y revelación de secretos. Al resto de acusados se les imputan delitos de cohecho y de falsedad documental.
