La Fiscalía pide seis años de cárcel para dos acusadas de un posible delito de malversación de fondos de la extinta Cámara Agraria de Cuenca en el juicio que se celebrará este miércoles en la Audiencia Provincial conquense.
Este proceso fue señalado inicialmente para el mes de marzo de 2024, pero tuvo que ser aplazado por motivos de salud de una de las acusadas.
De acuerdo con el escrito provisional del fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al año 2008, cuando una de las acusadas fue nombrada secretaria de la Cámara Provincial de Cuenca por la Junta de Comunidades. Desde un primer momento la primera acusada, con la colaboración de la segunda acusada, habría aprovechado su función de gestionar los bienes e ingresos de este organismo, ordenando transferencias o librando talones para obtener un beneficio económico bajo la excusa de no cobrar las dietas que le correspondían.
En lo que se refiere a transferencias de dinero que debía efectuar la Cámara, las acusadas generaban el oportuno documento, que se pasaba a la firma a alguno de los miembros de la directiva, donde constaba como destinatario el ayuntamiento de la población en cuestión pero el número de cuenta de destino no era el correcto, sino que correspondía al de una de las acusadas o a sus familiares.
En lo que se refiere a los talones, las acusadas los pasaban a la firma a alguno de los miembros de la directiva sin explicar correctamente el motivo de la emisión del cheque o bien directamente imitaban su firma para posteriormente cobrarlo directamente o a través de familiares.
Tras cesar la secretaria de su cargo por jubilación, su sucesor elaboró la contabilidad y se encontró que el dinero del que se habían apropiado las acusadas ascendía a 326.587,43 euros.
Estos hechos constituyen un delito de malversación previsto por el artículo 432 del Código Penal, además de un delito de falsedad documental, de acuerdo con el artículo 390.
En el juicio que se celebra este jueves en la Audiencia Provincial la Fiscalía pide seis años de prisión e inhabilitación absoluta durante quince años para cada una de las acusadas. Además, ellas y los familiares que se beneficiaron de las transferencias deberán indemnizar al organismo víctima de la malversación, la Cámara Agraria, con los 326.000 euros sustraídos.
