La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo martes 14 de enero a un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer a la que conoció a través del Programa de Sistema de Acogida de Protección Internacional coordinado por la Fundación Cepaim, y para quien el fiscal pide seis años de prisión por un delito de agresión sexual.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal al que ha tenido acceso este viernes EFE, el acusado conoció a la víctima a través de un programa de acogida de la Fundación Cepaim y entabló con ella amistad después de que el procesado la ayudara a integrarse en España con mayor facilidad, dado que el hombre llevaba más tiempo en España.
A mediados de septiembre de 2022, el procesado pidió a la mujer que fuera a su domicilio en Ciudad Real para entregarla aguja e hilo que ella le había pedido para poder confeccionarse ropa.
Una vez en el domicilio, el acusado le solicitó que consumiera bebidas alcohólicas con él y después la llevó al dormitorio contra su voluntad, donde la agredió sexualmente pese a que ella le manifestó que no quería mantener relaciones sexuales con él.
Una semana después de los hechos, la perjudicada llamó al procesado para preguntarle qué hacer si quedaba embarazada y él recomendó tomar una pastillas.
A consecuencia de esa relación sexual no consentida, la víctima quedó embarazada, interrumpió su embarazo y las pruebas de ADN concluyeron que el acusado era el padre biológico del feto.
Para la fiscalía los hechos constituyen un delito de agresión sexual por el que pide seis años de cárcel y la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, así como la pena accesoria de prohibir aproximarse a la víctima a menos de 300 metros de su persona, domicilio, trabajo, o cualquier lugar donde se encuentre y comunicarse con ella por cualquier medio, directo o indirecto, durante un periodo de seis años.
También pide una medida de libertad vigilada que se ejecutara con posterioridad a la pena de prisión impuesta por un periodo de cinco años.
Asimismo, solicita acordar la expulsión del territorio español del procesado una vez haya cumplido tres cuartas partes de la condena, con una prohibición de regreso por un plazo de diez años a contar desde la expulsión.
